En una respuesta urgente al alto grado de criminalidad que se registraba en el Salvador y que alcanzó un máximo peligroso entre el 25 y el 27 de marzo del 2022 con 87 muertes de esta índole, el presidente del país Nayib Bukele pidio al congreso el estado de excepción que impulsó la detención de unos 64.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas dominantes.
En 2022 se habrían reducido en un 57% los homicidios.
Con orgullo el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter publicó este viernes que se trasladadron a los primeros 2.000 de 40.000 presos a la nueva y gigantesca cárcel y que “esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.
Mientras muchos aplauden la medida, hay organismos internacionales que aseguran que violan derechos humanos.