Una marcha con el pedido de "democratización de la justicia" y contra la Corte Suprema se realizará este martes hacia el Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial.
La convocatoria es a las 18 en Plaza Lavalle, frente al edificio situado en Talcahuano 550, y participarán, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el dirigente social Luis D'Elia, y uno de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 Juan María Ramos Padilla.
Ramos Padilla, amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires.
El magistrado convocó al acto para que el Poder Judicial "se transforme en un servicio de justicia" y no quede reducido a una "protección a intereses que no son los propios de los argentinos".
También anunciaron su participación las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otros organismos.
El partido Frente Grande dijo que acompañará "con expectativas y esperanzas" la movilización al Palacio de Tribunales.
La alianza Juntos por el Cambio criticó la marcha y señaló que suma "gravedad institucional" a la escena política. Señaló que la Constitución establece un mecanismo para remover y estimó que "este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno", según interpretan.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, aclaró que el Gobierno "no toma postura" respecto a la marcha: "El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno", dijo.
Fuente: Télam