La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este martes el veredicto del juicio por obra pública donde fue acusada por defraudación al Estado. La sentencia fue de 6 años de prisión y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Sin embargo, sobre el delito de asociación ilícita resultó absuelta y la condena puede ser apelada.

El Tribunal Oral Federal N°2 dio a conocer su resolución después de tres años y medio de juicio oral. Para comenzar advirtieron que “no harían lugar a los planteos de nulidad” de la causa. Y luego leyeron las sentencias, entre ellas, la de la vicepresidenta, que escuchó la condena en su despacho del Senado. Desde allí, luego emitía un comunicado público. 

Vale mencionar que la vicepresidenta no irá presa y podrá continuar con su rol actual, además de, eventualmente, postularse como candidata en las próximas elecciones nacionales porque la sentencia queda firme recién cuando se hayan agotado las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de Cristina Fernández y los tiempos judiciales son largos. 

Los fundamentos del veredicto que acordaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se darán a conocer recién en marzo. De todos modos, no se descarta que, por la trascendencia del caso, la Justicia difunda un comunicado con los lineamientos centrales del veredicto.

El juicio

La causa de vialidad se inició en mayo del 2019 cuando se empezaron a investigar presuntas irregularidades en las obras públicas que las empresas de Lázaro Báez tuvieron a su cargo en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

A lo largo de todo el proceso, los fiscales Luciani y Mola fueron quienes se encargaron de recabar pruebas y presentarlas ante el tribunal. Según señalaron a lo largo de las audiencias, lo que intentaron probar fue que estas licitaciones que ganó Báez fueron por acomodo ya que, según su argumento, la empresa no tenía la capacidad para hacerlas.

De acuerdo al cálculo que realizaron los investigadores, el perjuicio que esta situación le generó al Estado ronda los 5.200 millones de pesos. Por esto es que solicitaron que se decomisen los bienes de los acusados por este monto.

Las penas 

Además, los jueces condenaron a 6 años de prisión a Lázaro Báez y Nelson Periotti por administración fraudulenta en la causa por la obra pública en Santa Cruz; Juan Carlos Villafañe cinco años de prisión; a Mauricio Collareda y José Santibañez cuatro años de prisión; Raúl Daruich a tres años y seis meses de prisión; y Raúl Pavesi a cuatro años y seis meses de prisión.

Finalmente, el TOF 2 decidió absolver a Julio De Vido y a otros acusados, de acuerdo con el artículo 530 del código procesal de la Nación, en la investigación por la administración de la obra pública en Santa Cruz.

Tras las condenas, el juzgado ordenó el decomiso de algo más de 84 mil millones de pesos a los condenados en el juicio por la obra pública denominado "Vialidad", actualizados al momento en que quede firme el fallo.