La junta médica  en la que se analizan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona se prolongará entre dos y tres semanas más y, en base a las conclusiones a las que arriben los peritos y al análisis de los mensajes del entorno del "10", los fiscales ya analizan sumar nuevos imputados y agravar la acusación a "homicidio con dolo eventual", un delito con pena de 8 a 25 años de prisión.

Si bien cuando se inició el pasado 8 de marzo, la junta médica iba a tener una duración estimada de 14 a 21 días corridos, fuentes judiciales informaron que el coordinador de la misma y quien dirigió la autopsia, Federico Corasaniti, jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, ya les anunció a los fiscales que necesitarán entre dos o tres semanas más para entregar las respuestas a los 24 puntos de pericia y las conclusiones finales.

Cambio de calificación

Lo que el equipo de investigadores coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrados por sus dos adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ya comenzó a analizar es un posible cambio de calificación para algunos imputados.

Luego de revisar los 20 cuerpos que acumula el expediente, las historias clínicas, los más de 7.000 audios y los miles de mensajes de texto recuperados de los celulares de algunos de los investigados, los fiscales de San Isidro barajan la posibilidad no sólo de sumar nuevos imputados, sino también de agravar la acusación y pasar de un "homicidio culposo" por negligencia médica a un "homicidio con dolo eventual", es decir, cuando el autor debió representarse que con su accionar podía ocasionar una muerte y no hizo nada para evitarlo.

La diferencia radical es el monto de la pena, ya que con la actual calificación se prevé de 1 a 5 años de prisión, pero con la segunda opción, el rango se eleva a entre 8 y 25 años, un delito no excarcelable.

"Los audios y mensajes son reveladores. Y hay muchos más que los que se filtraron a la prensa. Maradona era una bomba de tiempo, queda claro que todos lo sabían y pese a ello tenía acceso al alcohol, la marihuana y las pastillas. Nadie tomó la decisión de cortarle definitivamente esos consumos y llevarlo a una internación seria", opinó una fuente judicial.